lunes, 10 de enero de 2011

Jueces cesados por el caso "Rubi" amenazan con huir del pais


Los tres jueces que fueron destituidos tras exonerar al asesino de Rubí Frayre dieron a conocer que pedirán asilo en el extranjero si se decide enjuiciarlos. En un documento enviado al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, los jueces destituidos Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudid afirmaron que es improcedente el juicio político por el que se les pretende juzgar.

"En caso de que nos sea instaurado dicho juicio, solicitaremos asilo político en el extranjero, además de acudir a la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer la queja", aseveraron.
Asimismo, El tribunal oral del estado de Chihuahua dio a conocer que la indemnización que recibirá Heidi Barraza Frayre, nieta de Marisela Escobedo, por el asesinato de Rubí Frayre, será de 11 mil 798 pesos.

René Medrano Carrasco, vocero del tribunal oral, dio a conocer que esta cantidad fue determinada por el mismo juez que dictó 50 años de prisión a Sergio Barraza Bocanegra, por el asesinato de Rubí Frayre, y destacó que el dinero corresponde por el concepto de reparación del daño y no por el daño moral como lo pidió Marisela Escobedo.

La coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Juárez, Imelda Marrufo Nava, alertó sobre el riesgo de que regresen a sus funciones los jueces acusados de exonerar a Sergio Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre, y principal sospechoso del asesinato de la activista Marisela Escobedo.

De acuerdo a la activista, al parecer se complica el proceso para que el Poder Judicial de Chihuahua castigue a los jueces Catalina Ochoa Contreras, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado por haber absuelto a Barraza Bocanegra, a pesar de contar con las pruebas suficientes para condenarlo por la muerte de Rubí Marisol.

Marrufo Nava explicó que el procedimiento legal se vislumbra "bastante largo y complicado", ya que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua tiene cerca de un mes para determinar si los jueces incurrieron en faltas u omisiones. Aclaró que si se determina que así fue, los inculpados tienen la posibilidad de ampararse. Esto, luego que el pasado lunes el Supremo Tribunal notificó a los jueces que se encuentran bajo proceso por lo que ahora tienen hasta el próximo 14 de enero para presentar las pruebas en su defensa. Desde el pasado 16 de diciembre los jueces están suspendidos de sus funciones de manera indefinida. (El Sol de Mexico)

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