lunes, 10 de enero de 2011

Hasta el Gobierno de Michoacan es extorcionado por "La Familia"


Como si se tratara de un nuevo impuesto, el crimen organizado ha logrado imponer el cobro de "derecho de piso" y de extorsiones en sectores productivos de Michoacán, incluso al Gobierno. Desde maestros en activo y trabajadores jubilados, hasta organizaciones del transporte público, comerciantes y médicos son presa de estos cobros.

La Procuraduría de Justicia en el Estado (PGJ) tiene incluso registros de contratistas de obra que han sido víctimas de estas bandas delictivas, la mayoría de las cuales se identifica como células del cártel de "La Familia". El 11 de octubre pasado, Evangelina Juárez, funcionaria de la localidad de Tiríndaro, fue visitada por dos sujetos en la comunidad indígena. Eran de "La Familia", se presentaron.

"Me pidieron información de las obras que se están llevando a cabo en el municipio y de manera especial en la comunidad", relató la jefa de tenencia de ese lugar. La mujer recuerda que los presuntos extorsionadores llevaban consigo copia de los proyectos de obra que en ese momento se realizaban en el pueblo.

Entre los trabajos destaca la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y de una pérgola para la organización de eventos. También se llevaba a cabo la pavimentación de dos calles, el cerco perimetral de un depósito de agua potable y una obra de drenaje.

"Querían que les dijera quiénes eran los encargados de las obras, pues querían su 'mochada' porque hay obras que rebasan el millón de pesos (en costos)", reveló Juárez. Antes de irse, los delincuentes amenazaron de muerte a la jefa de tenencia y a su familia. Nunca fue revelado el botín que los extorsionadores lograron.

En Morelia, organizaciones del transporte público deben aportar una cantidad mensual para evitar sufrir represalias. "Un día llegó un tipo y habló con nuestro dirigente; le advirtió que venía de 'La Familia' y que si no jalábamos le iba a pasar lo que a (Miguel) Corona Salto (líder transportista, quien presuntamente fue levantado y extorsionado).

"Desde entonces cada mes aportamos una cantidad por unidad, aparte de los impuestos que le pagamos al Gobierno", reveló un chofer de la ruta Amarilla. Por separado, integrantes de la ruta Gris también confirmaron ser víctimas del "narcoimpuesto".

"Ya hasta lo vemos como otro gasto corriente ¿qué podemos hacer? Pueden irse contra nosotros o nuestras familias si nos negamos", comentó un concesionario de esa organización.

Ni los jubilados escapan a este delito.

En la PGJ registraron recientemente el caso de un jubilado de la Universidad Michoacana, a quien vía telefónica amenazaron con asesinar a su familia si no pagaba en ese instante una suma monetaria. Por indicaciones de los extorsionadores, el depósito se hizo desde una sucursal de las tiendas Soriana al número de cuenta de ahorros 5544920182895897 de Banamex.

"¡No vayas a cometer ninguna pend...?! Te matamos a ti y a tu familia", lo amagaron. La llamada se realizó desde el número 18 33 33 57 879, según informes de la PGJ. Graciela Andrade, Secretaria de Educación en el Estado, reveló que maestros del nivel básico también han sido víctimas de este tipo de amenazas.

"Sabemos que ha habido llamadas, que ha habido amenazas y lo que hemos hecho es decirle a la gente que tienen que acudir a las autoridades y seguir las indicaciones", declaró. En el Municipio de Puruándiro, el comercio local reporta el pago de cuotas al crimen organizado sin que autoridad alguna pueda evitarlo.

Un empresario mueblero de ese lugar fue además sancionado por estos grupos delictivos por vender un refrigerador que al ser puesto en funcionamiento causó un accidente y lesiones al cliente. La "multa" fue de 250 mil pesos, que un comando armado llegó a cobrarle a plena luz del día. (Noticiasaldia)
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