lunes, 5 de abril de 2010

EL EJERCITO EN BUSCA DE MAS PARTICIPACION EN LA LUCHA ANTINARCO



El avance en la negociación para legalizar la participación de las fuerzas armadas en los operativos policiacos avanza en el Senado hacia un decreto de temporalidad. Sin embargo, las peticiones hechas por el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, a las bancadas para darle facultades persecutorias y de investigación al Ejército ha retrasado la decisión de aprobar la Ley de Seguridad Nacional.

Senadores que asistieron a los encuentros con el alto mando revelan que el general secretario advirtió que la Ley de Seguridad Nacional no será suficiente para enfrentar el crimen, pues sólo blindaría a las fuerzas armadas de eventuales acusaciones por violaciones a derechos humanos, pero faltan elementos para enfrentar a la delincuencia organizada.

Por ello, en privado pidió más facultades similares al marco legal con que actúa la policía, lo que a decir de la oposición podría llevar a estados de excepción.

Según legisladores de PRI, PAN y PRD que acudieron a los encuentros privados, el general planteó medidas como el toque de queda, la retención de detenidos por plazos de hasta 24 horas para interrogarlos, facultades de investigación a partir de denuncias anónimas y tener como refuerzo a las fuerzas federales de apoyo, que en su mayoría son militares con licencia.

También planteó que el Congreso legisle sobre lavado de dinero, que se le den facultades de investigación y persecución al Ejército, con “cateos en caliente”, además de permitir la intervención de llamadas telefónicas.

En las últimas semanas las tres principales bancadas avanzaron en la intención de construir un “acuerdo de transitoriedad” que, mediante decreto y no por ley, fije los plazos en que el Ejército debe salir de las calles.

Según la iniciativa del senador perredista Tomás Torres, ese periodo iría de 18 meses a dos años.

Sin embargo, con el tiempo encima y la complejidad de las reformas requeridas, el PRI y los partidos de izquierda no han decidido si votarán sólo el decreto o la reforma a la ley.

En tanto, el PAN, en voz del coordinador Gustavo Madero, avaló el decreto de temporalidad, pero pide que al mismo tiempo se modifique el modelo policiaco que permita contar con una fuerza entrenada y lista para suplir al Ejército cuando las tropas vuelvan a sus cuarteles.

A decir del líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, la negociación para aprobar el acuerdo de temporalidad lleva 80 por ciento de avance.

“Estoy convencido de que ese dictamen tan esperado sobre la Ley de Seguridad Nacional puede mejorarse mucho con un decreto de esa naturaleza, que todavía no se consensúa suficientemente, pero estamos en una ruta de construcción del mismo; hay un avance de 80 por ciento.

“El Ejército merece una legislación que le dé garantías suficientes para no ser tratado de manera injusta, pero la población también exige que haya mayor transparencia y claridad en cada acción que lleven a cabo las fuerzas armadas, a fin de evitar la eventual violación de derechos humanos.”

Preocupación castrense
En los encuentros privados el general secretario dejó ver el temor que existe en las fuerzas armadas porque después de participar en operativos policiacos pueden surgir denuncias semejantes a las acusaciones por la masacre de 1968.

“Ese es un tema que sigue en la sombra, tanto el periodo del 68, donde el Ejército fue cuestionado por su actuación en la lucha estudiantil, como el propio tema de los derechos humanos y de otros organismos internacionales. Son fantasmas que están recorriendo la cabeza de quienes componen la élite del Ejército y, por ello, con razón y sensatez dicen ‘vamos a revisar el marco jurídico institucional, porque no queremos que en el futuro, cuando este gobierno salga, los militares volvamos a ser cuestionados o juzgados históricamente’”, señala el coordinador petista, Ricardo Monreal, quien acudió a la reunión del pasado mes de febrero con el gabinete.

“La temporalidad de la que habla el secretario de la Defensa la ha repetido con legisladores y él urge al Senado a adecuar las normas jurídicas, porque la base de actuación del Ejército sólo está sustentada en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero no hay normas constitucionales o legales que justifiquen su presencia permanente en las calles”.

“Percibo que el general tiene una presión de que en el futuro pueda ser juzgado el Ejército por su actuación en las calles y la violación de derechos humanos. Por ello, desde hace dos años, está hablando de una presencia temporal que se está agotando y que si el órgano legislativo no legisla, seguramente ellos tomarán la decisión de retirarse y de reencuartelarse por razones de historia y de preocupación de que sean juzgados en un futuro próximo”, insiste Monreal.

El secretario de la Comisión de Justicia, Tomás Torres, del PRD, comenta que su partido ha dicho al general que no puede transitar la suspensión plena de garantías, el toque de queda o las declaratorias de emergencia sin consultar al Congreso.

Contrario a lo que dice Beltrones, el legislador confirma que a casi un mes de concluir el periodo ordinario de sesiones el tema de la regulación militar en los operativos está atorado.

—¿No hay consensos?

—No ha habido orden en esa discusión. Hay algunos aspectos que son intransitables como el estado de excepción o toque de queda.

Rechazan militarizar frontera
México acepta que la inseguridad en la frontera con Belice llega a niveles “críticos” y debe atenderse con urgencia esta problemática, pero se opone a militarizar el área, pues se “generará una situación similar a la que sufrimos los mexicanos frente a Estados Unidos”, explicó el embajador en Belice, Luis Manuel López Moreno.

En el más reciente informe del grupo binacional en la materia se admite que ambos países carecen de recursos tácticos y logísticos suficientes para garantizar la seguridad en esa frontera.

También se reconoce que el crimen organizado la utiliza para tráfico de drogas y personas, contrabando de armas, municiones y otros ilícitos.

Las secretarías de Defensa y Marina aplican un amplio plan de seguridad en esa frontera que incluye patrullajes navales por los ríos Hondo, Suchiate y Usumacinta, lagunas limítrofes, frontera terrestre y la construcción —iniciada el año pasado— de nueve bases de avanzada a lo largo de 236 kilómetros de frontera común con el país centroamericano.
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